DCXIII | ¿El INADI discrimina? Y siguen los desalojos

Félix Díaz habló con Perfil. El INADI lo echó al intensificarse la protesta en 9 de julio. En Tucumán, a 200 kilómetros de la capital provincial, ocho integrantes de la comunidad aborígen quilmes, fueron heridos tras un violento desalojo. Abajo, la nota completa.

Félix Díaz: "Dieron la orden de echarme del INADI"
Encabeza el acampe de los qom en la avenida 9 de Julio y dice que se quedó sin trabajo por su activismo. Las internas dentro del organismo. Desde el Gobierno, dicen que no lo recibirán hasta que se levante el corte.

Por Gustavo Ajzenman



El líder qom Félix Díaz denunció que fue despedido del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a raíz de la protesta que lleva adelante su comunidad, La Primavera, en reclamo de tierras en Formosa y justicia para uno de sus integrantes muerto durante la represión policial en noviembre del año pasado. En el seno del organismo esta situación despertó una vieja interna entre su titular, Claudio Morgado, y su vicepresidenta, María Rachid.

Díaz se desempeñaba como representante de los pueblos originarios en su provincia, cargo al que llegó a principios del año pasado por iniciativa del propio Morgado. Sin embargo, cuando la protesta cobró notoriedad, el instituto dio por terminada la relación laboral. “No me dieron ninguna explicación. Me enteré cuando fui al banco y mi sueldo no estaba. Cuando llamé, me dijeron que estaban actualizando contratos, y que el mío no seguía”, reveló el dirigente a PERFIL. “Morgado siempre me apoyó. No hubo ninguna pelea con él, pero recibió órdenes de arriba para sacarme, y por hacer eso perdió toda su autoridad”, sostuvo.

Fuentes cercanas al titular del organismo sostuvieron que la decisión de no renovar el contrato de Díaz, por cerca de $ 3 mil mensuales, fue de Rachid. Ante la negativa del conductor, la moción debió ser aprobada por el directorio. “Para nosotros, los representantes ante la sociedad civil son muy importantes, fue el mismo Morgado el que lo designó. Se descontaba que el contrato iba a ser renovado, la decisión de echarlo fue de la vicepresidenta”, consideró un funcionario.

Por su parte, Rachid reconoció que se trató de una propuesta suya, pero enmarcada en una reestructuración del personal. “Cuando entré –a fines de 2010– le solicité al directorio que no se renovaran los contratos de 45 personas que trabajaban sin horario fijo desde alguna de las sedes del organismo. Considero que el trabajo con esa modalidad, si bien es legal, no es del todo transparente. No fue algo pensado para Díaz”, argumentó.

Algunos de los aborígenes que participan del corte en la avenida 9 de Julio, que comenzó el lunes y continuará por tiempo indeterminado, consideraron que el organismo de lucha contra la discriminación está intentando desarticular sus acciones. A pesar de eso, Díaz se mostró comprensivo: “Puede ser que sea cierto. No me dijeron directamente que no haga esta protesta, pero fue una señal. Yo creo que es algo que puede suceder, siempre fue así. Las autoridades creen que cuando uno es parte del gobierno hay que acatar las órdenes, pero yo no soy así. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer porque yo estoy defendiendo la vida de mis hermanos”.

Sin respuestas. Aunque el campamento sobre la 9 de Julio fue levantado ayer por la mañana de forma temporal para no generar inconvenientes en el acto por el Día del Trabajador, los manifestantes confirmaron que el corte continuará por tiempo indeterminado. Quince de los participantes se encuentran en huelga de hambre y piden ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, advirtió que eso no sucederá mientras sigan impidiendo el tránsito.

“El corte no tiene sentido. Es injusto que se quiera hacer aparecer al Gobierno como insensible”, consideró en declaraciones radiales. Y agregó: “Lo que deben hacer, en principio, es terminar con el corte, que perjudica a todos. Estamos dispuestos a hablar cuando sea necesario, siempre y cuando estén dispuestos a levantar el corte”.

Los qom reclaman la restitución de cerca de 1.300 hectáreas de tierra formoseña que fueron destinadas por el gobierno provincial a la construcción de una universidad y donde capitales privados pretenden construir un hotel. Además, exigen justicia por la represión sufrida en noviembre para desactivar el corte de la Ruta Provincial 86, que terminó con la muerte de un manifestante y un policía.


Violento desalojo y heridos en Tucumán

Ocho personas resultaron heridas ayer por efectivos policiales durante el desalojo de integrantes de la comunidad aborigen quilmes de un terreno que ocupaban en la localidad de Colalao del Valle, a 200 kilómetros de la capital provincial. La infantería de la Policía, en cumplimiento de una cuestionada orden del Poder Judicial, utilizó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra los ocupantes, Además, se produjo la detención momentánea del comunero de Tala Paso Víctor Suárez, por la resistencia al avance policial y la defensa de sus derechos como pueblos originarios.

Josefina Doz Costa, titular de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, confirmó la presentación de un recurso ante el Superior Tribunal de la provincia, para que se deje sin efecto la medida dispuesta por el juez en Documentos y Locaciones Juan Carlos Peral, quien ordenó el desalojo en beneficio de la firma Sociedad Aráoz, que reivindica el inmueble. La dirigente cargó también contra el juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar, denunciado desde 2008 por parcialidad manifiesta en esta causa, pese a lo cual la impulsó ante Peral.

Luego de una negociación encarada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y por la delegación provincioal del Inadi, la Policía se retiró parcialmente del lugar, y la situación retornó a la calma, lo que permitió a los quilmes volver a ciertas zonas donde ya habían ubicado sus viviendas precarias.